El pasado martes 15 de marzo se aprobó la moción del Partido Popular en defensa de las diputaciones provinciales. El PP se quedó solo en su defensa de las mismas, eso sí, admitiendo que hay que modernizar dichas instituciones y hacerlas más eficaces, el resto de partidos políticos abogaron por la supresión, excepto PNV y Democracia y Libertad que se abstuvieron, aunque por diferentes motivos. ¿Pero se pueden suprimir? ¿Qué labor realizan las diputaciones provinciales? ¿Por qué es una reclamación histórica de los partidos nacionalistas?
¿Se pueden suprimir las diputaciones provinciales? Si no se modifica la Constitución española, tajantemente no. Las diputaciones provinciales se encuentran reconocidas en la Constitución como parte de la organización territorial de nuestro Estado. Son imprescindibles para cumplir con el artículo 139 que garantiza que «todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio español». Con su eliminación quedarían desamparados más de 15 millones de españoles que se quedarían sin servicios esenciales. Por Ley se podrían traspasar competencias e, incluso, hacer una reforma íntegra y profunda llegando a minimizar parte de sus servicios actuales, pero su supresión ha de ser pasar por la siempre difícil reforma de la Constitución. Ya en el 2011 Alfredo Pérez Rubalcaba propuso suprimir las diputaciones provinciales y sustituirlas por » consejos provincial de alcalde», por tanto, la propuesta de Ciudadanos no es cosa de la nueva política. Tampoco su eliminación generaría ahorro pues sus funciones tendrían que ser asumidas por otras instituciones menos conocedoras de la realidad municipal, ello desencadenaría en una pérdida de tiempo y eficiencia. Por otro lado, todas aquellas personas que trabajan en las Diputaciones tendrían que ser reubicadas en otras entidades públicas.
¿Qué labor realizan las diputaciones provinciales?
¿Por qué es una reclamación histórica de los partidos nacionalistas? Al eliminar las diputaciones provinciales sus competencias tendrían que ser asumidas, en gran parte, por las comunidades autónomas que saldrían favorecidas y fortalecidas. Estas gozarían prácticamente de un poder absoluto cuasi soberano, sobretodo, en aquellas comunidades autónomas con más competencias transferidas.
Dicho todo esto, millones de españoles viven en el medio rural y nadie puede negarles los mismos derechos y oportunidades que al resto de ciudadanos de Estado, pues sin estas ayudas el medio rural sufriría una profunda despoblación y recordemos que la economía española también depende de la agricultura, ganadería, pesca….
