Pacto de izquierdas: la unión entre una Colau desbordada y un Collboni investigado por «supuesto» tráfico de influencias.
El 13 de mayo la alcaldesa de Barcelona y el presidente del grupo municipal socialista, Jaume Collboni, presentaron durante una rueda de prensa en el Colegio de Periodistas la propuesta de acuerdo de ambos partidos para un gobierno estable de izquierdas para la Ciudad Condal. Según la alcaldesa este «contrato» pone «la ciudad y sus necesidades por delante de los intereses de su partido».
Para llevar a cabo dicho acuerdo, antes tendría que ratificarse por las bases de ambos partidos. Barcelona en Comú anunció anoche 19 de mayo que tras una participación de tan solo el 27’59% del total de personas inscritas en dicha formación, se obtuvo un 62’52% de sí, frente al 32’82% que se oponían a dicho acuerdo. Por su parte los socialistas catalanes también validaron dicho acuerdo a través de la consulta a sus bases. Ada Colau también recordó que aunque lleguen a cerrar un pacto de gobierno con PSC, no cierra las puertas a los partidos independentistas (ERC y CUP) para llegar a una gran coalición de izquierdas para la gobernabilidad de la ciudad de Barcelona.
El código ético de Barcelona en Común señala, en su punto 3.6 «el compromiso de cesar de forma inmediata en todos sus cargos ante la imputación judicial de delitos relacionados con corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento ….».
Si este punto contra la corrupción que marca el partido que representa Ada Colau se hace extensible a sus posibles socios de gobierno, Jaume Collboni no podría ostentar ningún cargo público dentro del nuevo gobierno de coalición, pues Collboni fue llamado a declarar como imputado (investigado, según la nueva nomenclatura de la ley de enjuiciamiento criminal) en el Caso Mercurio a finales de 2015.
El líder de los socialistas catalanes está investigado por presuntas presiones a miembros del Consejo Audiovisual de Cataluña para que se le concediera una frecuencia de TDT al empresario Nicola Pedrazzoli. El nombre de Collboni surgió de las conversaciones intervenidas por los Mossos d’Esquadra, entre Pedrazzoli y el ex alcalde de Sabadell, Manuel Bustos (imputado por varios delitos). Por tanto, Jaume Collboni habría declarado por un «supuesto» tráfico de influencias.
A principios de año, Ada Colau conocedora de dicha imputación, ante los posibles acuerdos para alcanzar un gobierno de estabilidad en Barcelona, comentó que el líder socialista «me ha explicado los detalles del caso y como, según él, no hay hechos concretos que se le atribuyan» para Barcelona en Común no hay ningún problema en que ostente un cargo público. Los barceloneses ya se están «acostumbrando» a que la alcaldesa de desdiga de sus propias palabras y convierta el código ético de su partido en papel mojado, pues la limitación salarial de 2.200 € para las personas con cargos electos que consta en su código ético ha sido incumplida por sus propios «fichajes».
