Los máximos responsables del procés independentista, son los grandes beneficiados económicamente mientras los ciudadanos siguen llevando su lazo amarillo.
Mientras el “procés “ independentista estaba llevando a Cataluña hacia una debacle económica algunos de sus máximos impulsores han convertido este proceso separatista en todo un chollo económico, aumentando de manera considerable sus cuentas bancarias.
El desafío secesionista golpeó y sigue golpeando todos los sectores de la economía catalana.Tras la celebración del referéndum del pasado 1 de octubre, la incertidumbre y la inestabilidad se apoderó de la economía catalana, unido a la inseguridad jurídica que hubiera supuesto la salida de la Unión Europea acabó provocando que tanto las entidades financieras como las principales compañías del IBEX y tras ellas más de 3.100 empresas trasladaran sus sedes sociales fuera de esta comunidad autónoma. Asimismo, las inversiones extranjeras se hundieron, el turismo está viendo como las reservas caen de manera estrepitosa y el paro nos dejaba el pasado mes de noviembre los peores datos en Cataluña desde 2009… en definitiva, un castillo de naipes que se iba cayendo de manera muy preocupante para la sociedad y la economía catalana.
Mientras la deuda en Cataluña volvía a batir récords históricos, no sólo la propia que alcanzó los 76.727 millones de euros (según últimos datos ), sino también la contraída con el Estado español, alcanzando la cantidad de 52.499 millones de euros, según el Banco de España, algunos aprovechaban para llenar sus arcas. Los máximos representantes del “procés “ como son Carme Forcadell, Carles Puigdemomt, Jordi Sánchez o Jordi Cuixart han utilizado el desafío separatista para blindar su propia economía y, en algún caso, asegurarse un gran futuro económico con pensiones vitalicias a cargo del erario público español.
Carme Forcadell por ser presidenta del Parlament entre el 26 de octubre de 2015 hasta el 17 enero de 2018 cobrará una pensión vitalicia superior a 73.000 € anuales.
Carme Forcadell, la que fuera presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), cobró como presidenta parlamentaria autonómica 7.794,77 € brutos de asignación mensual, además se han de incluir 1.565,19€ como complemento de cargo y, por si fuera poco, otros 2.000,43 € por gastos de viaje, lo que lleva a un total de 11.366 € percibidos cada mes. El “procés“ le ha salido más que redondo, pues la expresidenta del Parlament de Cataluña percibirá una pensión de más de 95.000 euros brutos anuales durante los próximos cuatro años y luego algo más de 73.000 € brutos en concepto de pensión vitalicia, según informó Crónica Global.
En el caso de los expresidentes de la Generalitat, según la llamada Ley 6/2003, de 22 de abril, del Estatuto de los expresidentes de la Generalitat llevado a cabo y firmada por Jordi Pujol antes de abandonar su cargo al frente del Gobierno catalán, otorga a los que dejan su cargo el 80% del sueldo durante al menos una legislatura y pensión vitalicia posterior, además de oficina, secretaría, coche oficial y seguridad todo ello pagado de las arcas públicas. Puigdemont se otorgó el sueldo más alto de España en un gobierno autonómico cobrando la cantidad de 145.470 € prácticamente el doble que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que según datos del pasado año cobró 79.756. € distribuidos en doce pagas y sin pagas extras. El expresidente Carles Puigdemont renunció el pasado noviembre al sueldo que le correspondería como expresidente catalán y que alcanzaría la friolera de 112.000. €, porque para ello tendría que reconocer su condición de expresidente de la Generalitat de Cataluña, y él se sigue considerando presidente en el exilio. Puigdemont lo que no hizo fue renunciar al sueldo base que le corresponde como diputado hasta la constitución del próximo Parlament.
La Guardia Civil considera a Òmnium y ANC tapaderas del Govern formando parte de un esquema de ocultación de fondos públicos.
Por su parte, el líder de ANC Jordi Sánchez cobraba un sueldo mensual de casi 8.000€ procedentes de la Fundación Universidad Pompeu Fabra, a pesar de no figurar como trabajador. Una asignación mensual como contraprestación por los trabajos y estudios realizados por Sánchez. A pesar que la UPF es una universidad pública, la fundación es una entidad privada ”sin ánimo de lucro”.
Por su parte, Jordi Cuixart propietario y administrador único de la empresa Aranow Packaging Machinery SL, a pesar de tener un fuerte endeudamiento con diferentes entidades financieras se asignó el sueldo nada deleznable de 124.686€ anuales. A día de hoy, todo indica que puso un testaferro al frente de su empresa para evitar que sus responsabilidades penales afectasen al patrimonio de su empresa tras las causas que le imputa la justicia.
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