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El Gobierno ha modificado por sorpresa su propia norma antidesahucios aprobada en diciembre con respecto al decreto ley de protección a los consumidores vulnerables.
El nuevo texto establece que no se podrá expulsar a los “okupas” de una vivienda cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido sin “intimidación o violencia”. Por tanto, el único requisito para poder echar a los okupas es que se haya producido la ocupación mediante intimidación o violencia sobre las personas.
Esta medida recogida en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y anunciada por el ministro de Consumo, Alberto
Garzón, se encuentra dentro del Real Decreto-ley de medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, lo que significa que sólo serán aplicables mientras dure el estado de alarma (el próximo 9 de mayo).
Mientras tanto, muchos ciudadanos ven peligrar el derecho a la propiedad privada, ya que, entienden esta nueva medida como un paso más del Ejecutivo para legitimar la ocupación ilegal en España, protegiendo al okupa y desprotegiendo al propietario.
La formación de Pablo Iglesias apuesta por incluir medidas intervencionistas en la nueva Ley de Vivienda.
De sobras es conocida la posición del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, con respecto a la ocupación. Para el líder de Unidas Podemos “el problema de la vivienda en España no es la ocupación sino el precio de los alquileres, la especulación y los fondos buitre”, además niega constantemente que en nuestro país se ocupen viviendas de propietarios particulares. Además Unidas Podemos quiere incluir en la nueva Ley de Vivienda la prohibición permanente de desahucios sin alternativa habitacional, junto con la limitación de los precios de alquiler.
Según últimos datos el número de viviendas ocupadas en todo el país se estima entre 80.000 y 100.000. En cuanto a las ciudades, Barcelona es la ciudad de España que ocupa el primer puesto en el ranking de ocupaciones ilegales, según datos del Ministerio de Interior.
