Después de las declaraciones de Santiago Vidal en una conferencia sobre independencia, la fiscalía no se ha hecho esperar.
Después de las declaraciones de Santiago Vidal ¿se debería aplicar el artículo 155?

La Fiscalía no esperó ni un minuto para actuar. El principal responsable del Ministerio Público, José Manuel Maza, ordenó ayer a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que abriese diligencias para investigar si las manifestaciones del ya ex senador de ERC Santiago Vidal se ajustan a la realidad, ya que, de verificarse esos extremos, sus responsables podrían haber incurrido en los delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Nada más recibir esa orden, el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, dictó el correspondiente decreto para comenzar esa investigación y determinar si hay motivos para emprender una acción penal y, en su caso, contra quién o quiénes.
En este sentido, la Fiscalía entiende que las manifestaciones realizadas por Vidal, de confirmarse, «podrían suponer la comisión de diversos hechos delictivos». Así, el apoderamiento ilícito de datos reservados de naturaleza fiscal u otra índole por personas no autorizadas «supondría la comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos». El primero de esos delitos está sancionado con penas que oscilan entre uno y cuatro años de cárcel y multa de 12 a 24 meses; mientras que el segundo conlleva inhabilitación especial para empleo de uno a tres años, además de multa.
La fiscalía tiene trabajo, ya que las declaraciones de Santiago Vidal han destapado el entramado político que se está realizando en Cataluña.
Junto a ello, el Ministerio Público investigará también todo lo relacionado con la posible elaboración de trabajos de campo o dosieres, relativos a la afinidad ideológica del colectivo de jueces y magistrados ejercientes en el territorio de Cataluña con los postulados del independentismo,. En este caso, la Fiscalía adelanta ya que, en caso de existir tales dosieres y que en los mismos se hayan empleado datos obtenidos sin la debida autorización de sus titulares, se estaría ante la modalidad agravada del delito de revelación de secretos y sus autores podrían enfrentarse a penas de entre un minimo de tres años de cárcel y un máximo de cinco.
Todo ello, sostiene la Fiscalía del TSJ de Cataluña, sin descartar la posible comisión de otros delitos que se pudiesen derivar de otras manifestaciones de Vidal, en concreto, aquellas relativas a la posible existencia de acuerdos o entendimientos por funcionarios o autoridades de la Generalitat con estados extranjeros.
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