La Audiencia de Sevilla dicta un auto y levanta las imputaciones de dos empresarios que fueron acusados de los ERE.
Los empresarios Juan Manuel Prieto y Luís García que fueron imputados por prevaricación y malversación de caudales públicos por la juez Mercedes Alaya, tras recibir supuestamente de la Junta de Andalucía ayudas de 180.303 € en el año 2002 y el otro 270.455 € en 2003 y 2004 respectivamente. Ahora la Audiencia de Sevilla ha dictado el levantamiento de dichas imputaciones a ambos empresarios al entender que han prescrito. Según recoge un auto al que ha tenido acceso Efe y adelanta ‘El País’.
Mercedes Alaya, a lo largo de todo el proceso en la que estuvo presente, siempre reclamó falta de colaboración en la instrucción por parte de la Junta de Andalucía y que, de manera directa o indirecta, ha provocado la dilatación en el proceso con el consiguiente levantamiento.
Por su lado el líder popular, Juanma Moreno, ha asegurado en la misma dirección que “falta de colaboración y de una estrategia de dilación” por parte de la Junta de Andalucía. No solo se está utilizando aquí esta estrategia, también se está viendo en la comisión de investigación de los cursos de formación, en la que tanto la Junta como el mismo PSOE “no quieren aportar los expedientes y la información que solicitan los grupos parlamentario de la oposición sobre los ERE”.
Según Moreno la estrategia es clara: dilapidar el tiempo para acabar consiguiendo la prescripción de todos y cada uno de los casos que están abiertos.
Por último, los magistrados de la sección séptima de la Audiencia (hoy compañeros de Alaya desde que esta dejó el pasado 6 de junio de 2015 el juzgado de instrucción nº. 6 de Sevilla) confirman las advertencias que habían realizado a la juez desde la Fiscalía sobre las posibles prescripciones de delitos en los ERE, y que se podrían seguir produciendo con una decena más de casos.
