El independentismo quiere impunidad





Acusan al Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de “conspiración contra el independentismo” a menos de cinco días de las elecciones generales.

El pasado lunes, el diario Público, empezó a difundir unas grabaciones del 2014 en las que Fernández Díaz discutía con Daniel de Alfonso, jefe de la Oficina Antifraude catalana, sobre posibles casos de corrupción  en Cataluña. La reacción de los partidos independentistas no se hizo esperar, acusaron al ministro de “inventar” pruebas falsas contra ERC y CDC. PSOE y Cs no tardaron en sumarse a esta línea y pedir la dimisión del ministro.

jorge fernandez diaz escuchas

Dicha entrevista tuvo lugar en 2014 y se trata de una reunión en la que Fernández Díaz y de Alfonso tratan posibles temas de corrupción por parte de los partidos independentistas. En las grabaciones filtradas de manera ilegal no se escucha en ningún momento, por parte de ninguno de los participantes, algún tipo de conspiración. Tampoco se escucha que el Ministro invente pruebas falsas ni se entrevé una “conspiración antiindependentista”. Resulta interesante destacar que dichas filtraciones se han producido apenas cinco días antes de las elecciones generales y no han tardado en ser tergiversadas por los otros partidos, quizás intentando una última maniobra para desprestigiar al partido más votado en las últimas elecciones generales.

Resulta que todos los países democráticos cuentan con Servicios Secretos y Cuerpos Policiales que velan para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la integridad del territorio del país. Es de conocimiento público que existen fondos públicos reservados para estos servicios y una Comisión de Secretos Oficiales en el Congreso. En la historia de la democracia, ningún partido ha pedido la eliminación de estos organismos y la mayoría de partidos políticos, incluso ERC han pedido pertenecer al mismo.




Los hecho son que en los últimos años unos partidos políticos que representan al 4,64% de los votantes españoles quieren separar a una Comunidad de España, como es la catalana, con el mayor PIB de todo el Estado, 204.000M de euros que es más del 20% del PIB total. ¿Es de extrañar que ante un proceso tan grave como este de intento de secesión unilateral e ilegal, al estar fuera de la Constitución, los poderes del Estado se interesen todo lo posible en informarse sobre los que promueven este acto rupturista?

Ya hemos visto que los independentistas no quieren controles externos, ¿Qué coño es esto de la UDEF? espetó en 2013 Jordi Pujol cuando trascendieron las primeras investigaciones de corrupción que afectaban a su entorno y ahora es el mismísimo Artur Mas se ha apresurado a pedir que lo desimputen por el caso del 9N aprovechando el caso de las escuchas ilegales. No deja de ser irónico que la única conspiración de la que se habla en las conversaciones es la sustituir a Artur Mas por Germà Gordó al frente de Convergencia mediante un movimiento impulsado por empresarios no independentistas de lo cual se hace eco La Vanguardia.

Dentro del capítulo de reacciones hay que hacer mención especial a la petición realizada por el líder de Ciudadanos. En una rápida reacción al día siguiente de publicarse las primera filtraciones por parte del diario Público, Albert Rivera pedía la dimisión del Ministro del Interior junto a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Poco se imaginaba el líder de la formación naranja que iba a quedar “retratado” cuando a las preguntas precisamente de Inés Arrimadas este jueves en el Parlament de Cataluña  De Alfonso contestabaEl señor Rivera me vino a ver y me dijo que me apoyaría, pero me pidió que les diera alguna cosa -declaró-. Me reúno con todos los que me lo solicitan y eso queda ahí”, es decir, el que pide la dimisión de un Ministro es uno de los que si intentaba sacarle información al Director de la Oficina Antifraude. El propio Albert Rivera se apresuró a reconocer la reunión.

El estado funciona según la ley y sus organismos velan porque no se incumpla la legislación, realizando así su función. No nos encontramos pues ante conspiraciones contra ningún movimiento político, sino ante investigaciones contra casos reales de corrupción, que afectan a toda la sociedad y de prevención de delitos muy importantes y de extrema gravedad.



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