La detección precoz del cáncer de mama en Andalucía se ha visto sacudida por una crisis sanitaria: al menos 2.000 mujeres esperan resultados no comunicados correctamente, la consejera de Salud dimitió y la Junta ha lanzado un plan de choque con política de recursos y modificaciones de protocolo. En este artículo desgranamos el origen, las consecuencias y las reacciones de esta crisis.
Qué ha pasado: errores y silencios en el cribado
El descontrol estalló al conocerse que muchas mujeres que participaron en el programa de cribado del cáncer de mama no fueron informadas cuando los resultados de sus mamografías eran “no concluyentes”, lo que dejó a cientos de ellas en un limbo diagnóstico. La Junta, en un principio, limitó el problema al Hospital Virgen del Rocío en Sevilla, alegando que allí se concentraban el 90 % de los casos problemáticos. Manuel Gavira ha anunciado que se pedirá una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía para esclarecer que ha pasado.
Con el avance de las investigaciones y denuncias, la crisis se amplió: se reveló que el sistema andaluz depende de un protocolo de 2011 que no obliga a informar a las mujeres cuando los resultados no son concluyentes, algo que entidades críticas consideran un “protocolo de la vergüenza”. Además, este fallo no parece ser reciente: las primeras denuncias señalaban que las irregularidades eran conocidas internamente desde hace hasta año y medio sin que se hubieran tomado medidas.
Reacciones políticas y institucionales
La presión mediática y social fue brutal. El presidente Juanma Moreno aceptó la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, tras días de críticas y confrontaciones con pacientes y asociaciones.
Se anunció un plan de choque con una inversión de 12 millones de euros para corregir el problema antes del 30 de noviembre, incorporando 119 nuevos profesionales sanitarios (65 radiólogos, técnicos, enfermeras) y ampliando los turnos para fines de semana y festivos. No obstante, ya surgen dudas sobre la viabilidad: la contratación de radiólogos especializados es especialmente complicada en el contexto actual.
Desde los partidos de la oposición se exige una auditoría completa del programa de detección precoz, publicación de datos desglosados por provincia, plazos máximos garantizados para pruebas complementarias y responsabilidades políticas.
Por su parte, la comunidad médica y de oncología ha valorado el plan de choque como un paso necesario, aunque subrayan que no bastará si no se reforman las estructuras del sistema sanitario.
Impacto real para las mujeres afectadas
Las mujeres afectadas denuncian consecuencias devastadoras: incertidumbre, daño psicológico, retrasos en el diagnóstico, tratamientos más agresivos y pérdida de confianza en el sistema público.
Casos concretos han salido a la luz: una paciente denunció que no fue informada de un hallazgo sospechoso hasta mucho después, que le costó un pecho; otra afirma que le dijeron “si no me llamaban, estaba todo bien”.
También se ha revelado que Andalucía ha derivado más de 300.000 mamografías al sector privado por falta de medios propios, aunque la Junta lo niega. (elDiario.es) Estas externalizaciones suscitan nuevas críticas sobre la sostenibilidad y transparencia del sistema.
Problemas estructurales y causas profundas
Varias causas estructurales emergen de este escándalo:
- Escasez de radiólogos especializados: justamente los más necesarios para interpretar mamografías con precisión.
- Protocolos obsoletos: el que data de 2011 no obliga a informar en casos de resultados “no concluyentes”.
- Falta de transparencia y trazabilidad en el sistema de citaciones y comunicación de resultados.
- Déficit de recursos públicos suficientes para cubrir la demanda dentro del sistema sanitario público.
- Retrasos sistémicos acumulados y falta de respuesta administrativa oportuna.
La crisis de los cribados del cáncer de mama en Andalucía no es un incidente aislado ni menor: ha expuesto fragilidades profundas del sistema sanitario. Aunque el plan de choque y la dimisión de la consejera apuntan a que la Junta reconoce la gravedad del asunto, muchas preguntas quedan sin responder: ¿se podrán revisar todos los casos pendientes en el plazo prometido? ¿Se logrará reforzar de forma estructural el programa? ¿Qué mecanismos de control y rendición de cuentas se pondrán en marcha?
Para las mujeres afectadas, la prioridad es recuperar confianza y garantizar que ningún diagnóstico quede en silencio. Y para la sanidad pública, la crisis supone una oportunidad urgente para renovar protocolos, reforzar recursos humanos y asegurar que la detección temprana siga siendo una herramienta fiable para salvar vidas.
