El último escándalo sobre desahucios de Ada Colau
A Ada Colau desde que ocupa su cargo como alcaldesa de Barcelona se le han olvidado pronto sus proclamas. La hasta ahora activista que tan popular la hicieron. Inició su mandato anunciando a bombo y platillo que personalmente había parado uno en el distrito de Nou Barris, aunque según fuentes del propio Ayuntamiento dicho desahucio ya estaba parado gracias a los servicios sociales antes de que llegara la alcaldesa con todo su séquito y rodeada de medios de comunicación.
El pasado diciembre la PAH acusó a la alcaldesa de «no hacer lo necesario» para combatir los desahucios. La Plataforma envió una dura cartaa la que fue una de sus fundadoras. Le recordaron que gracias a esta plataforma se logró que el Parlament de Catalunya aprobará la Ley 24/2015 con la que se podía hacer frente a la emergencia habitacional y ella no está aplicando dicha ley.
Desde los grupos municipales de CIU y desde el Partido Popular critican que durante el mandato de Ada Colau siguen habiendo una media de ocho desahucios diarios (según datos del Departamento de Justicia de la Generalitat) pues no está aplicando la ley aprobada el verano pasado. Estas críticas no le deben haber sentado muy bien a la máxima representante de Barcelona En Común y optó este miércoles pasado por parar un desahucio.
El Ayuntamiento encabezada por Ada Colau ha dejado desamparados a propietarios e inquilinos.
El propietario de un local cuyos inquilinos llevan un año sin pagar (este era el cuarto intento de desalojo) se encontró a las puertas de su local un grupo de personas entre los que se encontraban cargos públicos de Barcelona en Comú, los cuales prometieron al propietario que si no llevaba a cabo el desahucio, el Ayuntamiento pagaría la mensualidad correspondiente a un mes, 800 €.
Estos «supuestos» representantes públicos no formalizaron dicho acuerdo por escrito. En ningún caso especificaron de qué partida presupuestaria se pensaba pagar dicha mensualidad el Consistorio… a día de hoy, desde la redacción de El Titular no nos consta que el Ayuntamiento haya pagado todavía al propietario.
El inquilino alquiló el local para montar una pescadería, pero dicho negocio no se montó y acabó convirtiéndose en una vivienda, en la que han habido habitaciones realquiladas según ha reconocido el propio inquilino. Han llegando a residir en dicha «vivienda» hasta seis personas incluido él.
En el programa de Barcelona en Común se aseguraba que «el Ayuntamiento estudiaría los motivos del impago y en caso de inquilinos con dificultades económicas justificadas mediaría para que el pequeño propietario no se viera afectado estableciendo ayudas para el pago del alquiler».. ¿Esto significa que se pagarán estos arrendamientos de las arcas municipales?¿El Ayuntamiento puede mantener un coste de ocho desahucios diarios con los fondos público?
